Aplicación de los DESC

Solapas principales

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La demanda se presentó en nombre de tres empleados de la organización Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denunciando que el nuevo sistema amenazaba la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos en Egipto, especialmente el precio de los genéricos, a los que los ciudadanos egipcios recurren con frecuencia por su relativo bajo precio. Con anterioridad al decreto, el precio de los medicamentos genéricos se determinaba sobre la base del costo real de producción más los márgenes de ganancia.

Los peticionantes adujeron que sus derechos a la propiedad de tierras agrícolas habían sido infringidos por una disposición de la Constitución de Zimbabwe que confería efectivamente la propiedad de todas las tierras agrícolas compradas en forma compulsiva por el Estado, asi como discriminación racial en la aplicación de la disposición. Asimismo, la disposición eliminaba la jurisdicción de los tribunales para recibir reclamos relacionados con tales adquisiciones de tierras agrícolas.

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

Los demandantes, pensionados del Estado latvio, cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Pago de Pensiones y Asignaciones Estatales en el período 2009 a 2012 (en adelante, "Ley de Pensiones"), que se había aprobado con la intención de reducir el déficit estatal. En 2009, la economía en general estaba debilitándose rápidamente y el Parlamento latvio argumentó que debía responder a la brevedad a la crisis económica del país.

En la década de 1970, el gobierno de Kenia desalojó a cientos de familias Endorois de sus tierras cercanas al Lago Bogoria en el Valle del Rift para crear una reserva de animales de caza para el turismo. Al pueblo indígena Endorois se le había prometido compensación y beneficios que nunca se concretaron en su totalidad, y el acceso de la comunidad a la tierra quedó limitado a la discreción de la Autoridad de la Reserva de Caza.

En este caso, la South Fork Band y otras comunidades de Western Shoshone habían apelado una decisión de un tribunal inferior que les negaba una medida cautelar[1] contra la construcción de la mina de oro.

Un grupo de personas sin techo construyó refugios formados por carpas, lonas y cajas de cartón en un parque de la ciudad de Victoria, en la provincia canadiense Columbia Británica. El gobierno de la ciudad solicitó una medida cautelar permanente (orden legal que requería que los sin techo se abstuvieran de construir refugios) y que se declarara que tales estructuras violaban la Park Regulation Bylaw and Streets and Traffic Bylaw [Ordenanza de Regulación de Parques, y Ordenanza de Calles y Tránsito].

La Red-DESC, Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Colombia) y el Norwegian Centre on Human Rights, con el apoyo de la Fundación Ford, organizaron un taller de dos días en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de mayo de 2010, que reunió a académicos, abogados y activistas de derechos humanos, y jueces constitucionales de diferentes partes del mundo.