Land rights

Solapas principales

La Corte Constitucional de Colombia (“la Corte”) utilizó sus poderes de revisión judicial para evaluar la situación de las personas desplazadas en Colombia. Alrededor de 1.150 grupos familiares presentaron demandas de tutela o protección ante sus respectivos municipios respecto del deber del Estado de protegerlos por su condición de personas desplazadas. Solicitaron ayuda, pero el Estado se la negó o la concedió por un período incompleto, alegando limitaciones presupuestarias.

Este caso resuelve una acción de tutela para proteger los derechos de la población afrocolombiana desplazada de conformidad con la declaración previa de la Corte en la sentencia T-025 de 2004 de un “estado de cosas inconstitucional” en torno a la situación de la población desplazada forzosamente.

En primer lugar, la Corte examinó la jurisprudencia nacional e internacional y los marcos jurídicos que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. La Corte señaló varios artículos de la Constitución colombiana que protegen los derechos de las personas con discapacidad.

En este Auto, la Corte se mostró gravemente preocupada por la amenaza que el desplazamiento interno suponía para la existencia de los pueblos indígenas en Colombia. La Corte atribuyó esta amenaza a tres factores principales: (1) ruptura de estructuras y desintegración comunitaria; (2) choque cultural fuera de sus tierras ancestrales; (3) quedar atrapados en medio de la violencia. 

Según la legislación constitucional colombiana, los niños y niñas deben recibir prioridad en la atención y salvaguarda de sus derechos. A pesar de ello, más del cincuenta por ciento de la población desplazada en Colombia está compuesta por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La Corte en este caso concluyó que la respuesta gubernamental ha sido en gran medida inexistente e ineficiente para resolver las innumerables violaciones de los derechos humanos de niños y niñas.

El 19 de diciembre de 2022, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, celebrada en Montreal, concluyó con la adopción del “Marco Global sobre Biodiversidad Kunming-Montreal” (GBF, por sus siglas en inglés), un acuerdo(link is external) histórico sobre medidas consideradas fundamentales para hacer frente a la peligrosa pérdida de diversidad biológica y restaurar los ecosistemas naturales.

Entre el 13 y el 29 de marzo de 2022 se celebraron en Ginebra las reuniones entre sesiones previas a la COP15, una importante cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. En vísperas de estas conversaciones preparatorias entre los Estados, los miembros de la Red-DESC enviaron una carta colectiva en la que pedían a todas las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que adoptaran un enfoque basado en los derechos humanos en general y, en particular, que reconocieran, respetaran, protegieran y promovieran el derecho general a la autodeterminación, incluido el consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la tierra y los derechos de tenencia en el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, que se está negociando actualmente y que probablemente se adoptará en la COP15. Además, pide a los gobiernos que adopten un “indicador de la tenencia de la tierra” y subraya la importancia de reforzar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

De cara a las próximas reuniones intersesionales en Ginebra en marzo de 2022, la membresía de la Red-DESC han adoptado una carta colectiva en la que se pide a todas las Partes del Convenio...

El 27 de abril de 2021, la Red-DESC coorganizó un debate en línea sobre los derechos a la tierra. Más de 50 representantes de organizaciones miembro de África, Asia, América Latina, Oriente Medio, Europa y América del Norte se reunieron virtualmente para aprender de...