Case of DH and Others v. The Czech Republic, App. No.Caso de DH y otros c. República Checa, Petic. Nro. 57325/00 (Gran Sala, sentencia final)
En este caso, los solicitantes cuestionaron la clasificación desproporcionada de alumnos escolares romaníes como alumnos con necesidades de educación especial en la República Checa, así como su segregación en escuelas para niños con “discapacidades mentales leves”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió que dichas prácticas escolares constituían una discriminación indirecta contra los solicitantes y violaban su derecho humano a la educación bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El enfoque de trabajo participativo, de abajo hacia arriba y sostenido a favor de la implementación de este caso está comenzando a dar resultados positivos en términos de cumplimiento. (Resumen elaborado con aportes de Ostalinda Maya, Open Society Justice Initiative)
Los solicitantes eran niños checos de ascendencia romaní de entre 9 y 15 años de edad que habían sido asignados a “escuelas especiales” para niños con discapacidades mentales entre 1996 y 1999. Su situación no era excepcional. En 1999, la probabilidad de que un niño romaní fuera asignado a una “escuela especial” era más de 27 veces mayor que la de un niño no romaní.
Los solicitantes argumentaron frente al TEDH que la segregación basada en la raza o el origen étnico constituía una violación del derecho a la educación reconocido en el artículo 14 del CEDH (prohibición de la discriminación), interpretado en relación con el artículo 2 del Protocolo 1 (derecho a la educación). También adujeron que era una violación del derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 6 del CEDH y del artículo 3 respecto del tratamiento degradante. Los cuestionamientos bajo los artículos 3 y 6 fueron declarados inadmisibles.
En 2007, la Gran Sala del TEDH sostuvo que había habido una discriminación indirecta contra los solicitantes en el marco de la educación y vio una violación del artículo 14 interpretado en conjunto con el artículo 2 del Protocolo 1. La sentencia destacó que el Convenio no solo se refería a actos específicos de discriminación contra personas, sino, también, a sistemas estructurales y prácticas institucionalizadas que violaban los derechos humanos de grupos raciales o étnicos.
Reconociendo al pueblo romaní como una minoría vulnerable que requiere de protección especial, el Tribunal señaló que el caso merecía atención especial. El Tribunal sostuvo que no estaba “satisfecho con que la diferencia en el tratamiento entre niños romaníes y niños no romaníes estuviera justificada objetiva y razonablemente, ni con que existiera una relación razonable de proporcionalidad entre los medios usados y el objetivo buscado” (párr. 208). Al referirse al tema del consentimiento de los padres, el Tribunal subrayó que no era posible renunciar al derecho a no ser sometido a discriminación racial, dado que ello sería contrario a un interés público importante.
El TEDH aplicó explícitamente el principio de la discriminación indirecta (párr. 185-195), aclarando que tal discriminación puede adoptar la forma de efectos desproporcionadamente perjudiciales de una medida o política general que, aunque enunciada en términos neutros, discrimina contra un grupo. La discriminación indirecta no necesariamente requiere de intención discriminatoria (párr. 194). El Tribunal señaló que al evaluar el impacto de una medida o práctica sobre una persona o grupo se pueden aceptar estadísticas significativas y confiables (sin que ello sea necesario) como elementos de prueba de indiscriminación indirecta. El Tribunal afirmó que la determinación a primera vista de discriminación traslada la carga de prueba “al Estado demandado, el cual debe demostrar que la diferencia en el tratamiento no es discriminatoria” (párr. 189). El Tribunal también reconoció que “sería extremadamente difícil en la práctica que los solicitantes prueben la discriminación indirecta sin ese traslado de la carga de prueba” (párr. 189).
El Tribunal se refirió extensamente a la jurisprudencia sobre derechos humanos pertinente, incluyendo tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, las observaciones generales/recomendaciones de órganos de tratados de la ONU, y jurisprudencia comparada.
Bajo el artículo 41 (satisfacción justa), el Tribunal otorgó 4000 euros a cada solicitante en concepto de daños no pecuniarios y 10.000 euros en forma conjunta por costas y gastos.
Durante años, ONG nacionales e internacionales han lanzado diversas iniciativas para promover la implementación, incluyendo informes presentados ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa (el órgano que supervisa la ejecución de las sentencias del TEDH por parte de los estados miembro), trabajo de incidencia frente a órganos de tratados de la ONU, publicaciones y eventos de nivel nacional. Estos esfuerzos mantuvieron el tema en la agenda, pero se desarrollaron con escaso liderazgo o participación de miembros del pueblo romaní, muchos de quienes ni siquiera conocían la sentencia o el trabajo de implementación. En la práctica, para los niños romaníes cambió poco y nada.
En 2013, se volvió evidente que el tema no sería abordado adecuadamente si las persona más afectadas (las familias romaníes) no estaban al frente de la campaña por el cambio. Open Society Foundations (OSF) inició un proyecto en el pueblo donde residían los solicitantes para apoyar a los padres romaníes que quisieran organizarse para cuestionar todas las formas de discriminación étnica en la educación. Los padres se reunieron para apuntar estratégicamente contra la discriminación durante el proceso de inscripción y el primer año de la escuela primaria, dado que cantidades desproporcionadas de niños romaníes seguían siendo asignados a escuelas prácticas o de baja calidad con mayoría de romaníes. Desde el inicio de la primera campaña de inscripción en 2014, los organizadores de la comunidad (con el apoyo y la guía de la Justice Initiative and Roma Initiatives Office de OSF) han ayudado a familias romaníes a inscribir a casi 200 niños en instituciones educativas normales y de buena calidad, apartando recursos financieros de escuelas que ofrecen resultados educativos muy bajos. La campaña incluye un proceso de inscripción organizado apoyado por la amenaza de litigación con el objetivo de fortalecer la posición de los padres frente a escuelas y municipalidades. Los padres se preparan mediante cursos de organización de comunidades, educación legal sobre sus derechos y tácticas para resistir la presión de los maestros para que inscriban a los hijos en escuelas de nivel inferior al estándar. Monitores (normalmente, los mismos padres romaníes) se ocupan de recolectar pruebas durante la inscripción que se puedan emplear como prueba si son necesarias acciones judiciales. En septiembre de 2016, se anularon formalmente los planes de estudios de la educación especial. En marzo de 2017, un caso de discriminación obtuvo sentencia favorable en el tribunal regional.
Sin embargo, mientras los niños romaníes siguen siendo asignados a escuelas de nivel inferior al estándar, el trabajo continuo de incidencia y organización de la comunidad sigue siendo clave. El grupo de padres participa en litigios legales con la Comisión Europea respecto de procedimientos por violación contra la República Checa sobre la discriminación en la educación continua. Actualmente están registrando Awen Amenca, que se convertirá en la primera asociación de padres romaníes de Europa, y planean expandir sus actividades apoyando a padres romaníes en otras partes de la República Checa para promover la educación inclusiva para todos los niños.
European Roma Rights Centre y Open Society Justice Initiative. Intervenciones de tercero presentadas por Step by Step Association, Roma Education Fund, European Early Childhood Education Research Association, Minority Rights Group International, The European Network Against Racism, European Roma Information Office, INTERIGHTS, Human Rights Watch y Federation Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. Otras ONG, como Amnesty International, apoyan los procedimientos por violación contra la República Checa a través de trabajo de incidencia e investigaciones periódicas de monitoreo.
Esta histórica sentencia fue la primera en cuestionar la segregación racial estructural en la educación ante el TEDH. La decisión, al demostrar una concepción sustantiva de la igualdad, constituye una contribución notable a la extensa jurisprudencia sobre la discriminación en la educación. Asimismo, por primera vez, el Tribunal aplicó explícitamente el principio de la discriminación indirecta, aclarando su posición respecto del uso de estadísticas y el efecto sobre la carga de prueba, estableciendo un modelo de estrategia para minorías segregadas que busquen cuestionar otras formas de discriminación indirecta en otros contextos. El principio ha sido utilizado por la Comisión Europea para presionar a la República Checa y otros países de Europa para que aprueben legislación que declare ilegal la discriminación indirecta.
El enfoque colectivo (en lugar de individual) del caso resulta particularmente importante en el contexto más amplio de la discriminación continua contra el pueblo romaní en toda Europa. El acceso a la educación adquiere especial importancia dado que gran parte de este pueblo continúa viviendo en condiciones de pobreza extrema y enfrenta serias barreras a la hora de disfrutar sus derechos fundamentales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas describió la educación como “tanto un derecho humano en sí mismo como un medio indispensable para realizar otros derechos humanos”.
El modelo participativo, de abajo hacia arriba y sostenido a favor de la implementación continúa inspirando a padres y aliados a cuestionar este tipo de discriminación, el cual tiene un grado elevado de prevalencia en los sistemas educativos de la República Checa y muchos otros países de Europa.
