Significance of the Case
Los grupos defensores de los derechos de la mujer y otras organizaciones de derechos humanos y justicia social de la India celebraron ampliamente esta histórica sentencia, que defiende los valores constitucionales fundamentales de igualdad, dignidad y secularismo. Aunque las mujeres musulmanas cuestionaron el talaq triple ante la justicia en otras oportunidades, esta fue la primera vez que una mujer musulmana se opuso a un divorcio por talaq triple argumentando que se habían violado sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La Corte no se refirió explícitamente a la discriminación de género, pero vale destacar que incluso el voto de disenso señaló “…que todos los participantes están seguros de que, además de ser arbitraria, la práctica de ‘talaq-e-biddat’ es discriminatoria desde el punto de vista del género”.
Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), una organización masiva de defensa de derechos liderada por mujeres musulmanas que también fue parte de este caso, llevó a cabo un estudio en 2015, según el cual aproximadamente 1 de cada 11 mujeres musulmanas habían sido víctimas del talaq triple y la mayoría no había recibido ningún tipo de pensión alimenticia o compensación. Esta práctica ha dejado a miles de mujeres en la indigencia, algunas veces sin techo de la noche a la mañana junto con sus hijos. En India, las diferentes religiones (por ejemplo, las comunidades hinduistas, musulmanas y cristianas) se rigen por su propio derecho personal respecto de asuntos familiares como, por ejemplo, la herencia, los derechos de propiedad, el matrimonio, el divorcio, etc. Hasta cierta medida es posible optar para quedar exento de estos sistemas de derecho personal, pero siguen siendo ampliamente prevalentes y suelen incorporar la discriminación sistémica contra la mujer. Un observador señala que, “[e]l subtexto de todos los derechos personales, independientemente de la religión, es que la mujer no es igual al hombre”. Esta realidad debilita la capacidad de las mujeres de realizar sus otros derechos humanos, incluyendo respecto de la vivienda, la tierra y los recursos en general. Como lo refleja una consulta de 2013 con miembros de la red de la International Land Coalition, “[l]a discriminación generalizada basada en el género presente en las leyes, tradiciones y prácticas provocan graves desigualdades en la capacidad [de las mujeres] de acceder a la tierra y otros recursos naturales, y de controlarlos, y limita su participación en la toma de decisiones relacionada con el gobierno de las tierras, desde el hogar hasta las instituciones locales y nacionales”. La decisión es particularmente importante porque se refiere a una práctica perteneciente al ámbito del derecho personal a través de la mirada de la igualdad estructural y en el marco de los derechos fundamentales. A partir de este momento, de manera limitada, será posible analizar y cuestionar otros derechos personales discriminatorios sobre la base de los derechos fundamentales.
Un abogado involucrado en el caso señaló, “[l]a consecuencias más importante es que liberó la energía de las mujeres musulmanas, quienes han estado trabajando con este tema durante los últimos 25 años”. El caso fue promovido por un activismo incansable de las bases y fue liderado por mujeres afectadas por la práctica, fortaleciendo la movilización de las activistas de la comunidad musulmana por la realización de toda una gama de derechos humanos.
Aunque este caso es un reconocimiento importante de las experiencias de las mujeres y una confirmación de sus derechos, los eventos posteriores nos recuerdan que se necesita un trabajo de incidencia sostenido para asegurar que otros grupos no influyan sobre las decisiones para apoyar sus propios intereses. La National Alliance of People’s Movements (NAPM) destaca este conflicto al señalar “…la disposición de las adjudicaciones actuales...a apropiarse…de esta sentencia y…a usarla para etiquetar a la comunidad musulmana de ser regresiva”. Por ejemplo, el proyecto de ley del gobierno ha sido criticado por algunos observadores que afirman que trata menos de justicia de género y más de la persecución política de una minoría. NAPM señala “…la necesidad de reenfatizar que se debe luchar contra el patriarcado dentro y entre las religiones y que la reforma legal debe avanzar en esa dirección, consultando con mujeres [y que] la [d]emonización de las religiones minoritarias con un enfoque mayoritario y autoritario, …será cuestionada por todas las fuerzas progresistas”.
