Summary
La condición de refugiado de Ayubi le daba derecho a un permiso de residencia de tres años y le permitía solicitar asistencia estatal. Bajo el derecho austriaco, la residencia temporaria de Ayubi no le permitía recibir el monto mínimo de beneficios; la Autoridad Administrativa del Distrito de Linz-Land le otorgó el subsidio básico mínimo y un beneficio complementario temporario.
Una reforma de 2015 de la legislación de la asistencia estatal de Austria exigía que los refugiados con residencia temporaria sean tratados de la misma manera que las personas en «situación de protección subsidiaria» (ciudadanos de terceros países que requieren protección contra daños graves pero no cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados). Ambos grupos solo tenían derecho a recibir un subsidio básico y un suplemento temporario. Tal nivel de asistencia era menor que la «protección del ingreso mínimo basado en las necesidades» previsto para refugiados con residencia permanente y otros residentes permanentes (como los ciudadanos).
La Corte mencionó el principio de la Convención de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los refugiados que establece que los refugiados y los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera respecto de la asistencia pública. Lo tomó en cuenta al interpretar el artículo 29 de la Directiva UE 2011/95, la cual exige que los estados miembro que otorgan protección a una persona, como la derivada de la situación de refugiado, también deben otorgarle la misma asistencia social que a sus ciudadanos. Dicha ley de la UE solo permite a los estados restringir la asistencia social a «beneficios básicos» para personas con protección subsidiaria (e, incluso en ese caso, solo con los mismos requerimientos de eligibilidad y nivel que se aplican a los nacionales).
La Corte señaló que los refugiados que acaban de llegar pueden encontrarse en situaciones más precarias y que restringir sus beneficios no aliviaría sus dificultades. Asimismo, dudó de que otros beneficios, como una vivienda, realmente compensarían la reducción de la asistencia social, como argumentaba el gobierno.