Decisión de la Corte Suprema respecto del arrendamiento de tierras tribales con fines mineros e industriales a personas ajenas a la tribu. Un grupo de acción social apeló un fallo de un tribunal superior para el Estado de Andhra Pradesh en nombre de las personas afectadas de la tribu y argumentó que arrendar las tierras tribales con fines mineros violaba el Anexo Quinto de la Constitución de la India.
Todos los arrendamientos de minería que habían sido otorgados por el Estado de Andhra Pradesh fueron considerados revocados y nulos. El Estado también deberá abstenerse de otorgar otros arrendamientos. La actividad minera solo puede ser operada por la State Mineral Development Corporation o una cooperativa de personas de las tribus. Las apelaciones posteriores del Estado de Andhra Pradesh fueron rechazadas por la Corte Suprema. Dado que el fallo de la Corte Suprema representó un golpe considerable para la industria minera comercial, ha habido presión de las empresas privadas para encontrar una manera de eludirlo. En 2002, la Corte Suprema basó su decisión de otro caso de tierras tribales (BALCO Employees Union c. Union of India, AIR 2002 SC 350) en el fallo Samatha, pero afirmó que tenía “fuertes reservas” sobre la decisión de la mayoría en el caso Samatha. Por ello, aunque Samatha sigue estando vigente, es posible que se produzca un cambio respecto de la decisión de la mayoría.
Este caso es importante porque funciona como un control del poder estatal respecto de la explotación de recursos en las tierras tribales con fines comerciales. La Corte Suprema también reconoció el papel de la agricultura para la subsistencia de las personas de las tribus.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC:Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.