Sudáfrica

Solapas principales

Caselaw

Caso ante el Alto Tribunal

En 2012, intentando estandarizar la educación en todo el país, el Ministerio de Educación Básica (MEB) inició un proceso de tres años destinado a introducir un nuevo plan de estudios que incluía la introducción escalonada de nuevos libros de texto. A pesar de que en otras provincias el plan se introdujo sin problemas, en Limpopo el gobierno provincial no pudo entregar libros de texto a todos los alumnos para el inicio del año lectivo 2012.

High Court case

In 2012, seeking to standardize education nationwide, the Department of Basic Education (DBE) began the three-year rollout of a new curriculum which entailed staggered introduction of new textbooks. Despite the successful rollout in other provinces, in Limpopo the Provincial Government was unable to deliver textbooks to all learners by the start of the 2012 school year.

En este caso, un propietario solicitó ante el Alto Tribunal (High Court) que se descarte una decisión del Tribunal de Viviendas Arrendadas de Gauteng. Ochenta inquilinos habían presentado una demanda ante dicho tribunal cuestionando que el propietario cobraba aproximadamente 385 rands por mes por inquilino en concepto de electricidad además de los costos que pagaban por su consumo individual.

In this case, a landlord applied for the High Court to set aside a decision by the Gauteng Rental Housing Tribunal (“Tribunal”). Eighty rental tenants had brought a complaint to the Tribunal based on their landlord’s charge of about R385 per month per tenant for electricity in addition to the costs they paid for their individual consumption. The tenants discovered that the utility service provider, City Power, charged the landlord about R337,50 per month for the whole building. This meant that their landlord was generating a significant profit from the service charge.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.

Phakamile Ranelo presentó una demanda ante el Alto Tribunal Eastern Cape contra la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica aduciendo que el estado había finalizado ilegalmente su subsidio por discapacidad. La legislación sudafricana obligaba a la Agencia de Seguridad Social a informar a Ranelo por escrito sobre la aprobación de un subsidio por discapacidad, su carácter temporal y su derecho a apelar dicho carácter temporal. Ranelo argumentó que no recibió dicha notificación previa, por lo que era válido que creyera que el subsidio era permanente.

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).