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Miércoles, Enero 15, 2025

En una decisión histórica el mes pasado, la Corte Constitucional de Ecuador rechazó los esfuerzos de dos hermanos banqueros por reclamar propiedades comerciales incautadas en un caso que podría haber llevado al desalojo de decenas de familias campesinas. Este fallo representa un paso significativo en la protección de los derechos de las comunidades.

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Families from Durán canton, part of “Unión Tierra y Vida,” gathered outside Ecuador’s Constitutional Court in Quito on December 17.
Families from Durán canton, part of “Unión Tierra y Vida,” gathered outside Ecuador’s Constitutional Court in Quito on December 17. /Fian - Ecuador

El caso, que gira en torno a la restitución de tierras incautadas durante una crisis económica anterior, representaba una amenaza crítica para los medios de vida y los hogares de 96 familias campesinas beneficiarias de iniciativas de reforma agraria bajo el Proyecto de Tierras de Ecuador. Estas familias han exigido al Ministerio de Agricultura y Ganadería que adjudique de manera pronta y definitiva las tierras a las organizaciones campesinas indicadas, asegurando así la estabilidad y seguridad de sus comunidades.

Los detalles del caso y reacciones de las familias están disponibles en FIAN Ecuador aquí y aquí.

Puntos Clave de la Decisión

La Corte Constitucional identificó múltiples fallos en una sentencia anterior de un tribunal inferior, que había concedido la restitución a los hermanos banqueros Roberto y William Isaías, citando una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si bien el Comité determinó que se violaron los derechos procesales de los hermanos en la incautación de sus activos, el tribunal más alto de Ecuador dejó claro que esta decisión no ordenaba la restitución de tierras, especialmente a expensas de familias vulnerables.

La Red-DESC, además de FIAN International – FIAN Ecuador, Dejusticia, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, presentaron amicus curiae que subrayaron las implicaciones más amplias en materia de derechos humanos. Estos escritos destacaron las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional, incluida la prevención de desalojos forzosos y la protección de los derechos a la vivienda, la alimentación y la seguridad de la tenencia.

Como se destacó en el escrito de la Red-DESC:

Los esfuerzos de reforma agraria para cumplir con las obligaciones de derechos humanos del Estado y garantizar la igualdad sustantiva a través de programas y políticas dirigidas a corregir la histórica discriminación estructural, exclusión y marginación son objetivos legítimos y requeridos bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).”

La decisión completa de la Corte Constitucional está disponible en inglés aquí.