El escrito aporta al Tribunal pruebas sobre cómo las sanciones afectan a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la justicia internacional, incluidas organizaciones palestinas de derechos humanos que documentan presuntos crímenes internacionales y conectan a víctimas y sobrevivientes, testigos y comunidades afectadas con mecanismos de rendición de cuentas.
Documenta consecuencias que van mucho más allá de las entidades y personas formalmente sancionadas. La incertidumbre jurídica y el riesgo de sanciones han llevado a organizaciones a buscar asesoramiento legal, modificar sus políticas internas y, en algunos casos, retirarse de determinadas actividades o alianzas. Según el escrito, las sanciones están fragmentando las redes transnacionales de la sociedad civil y generando un efecto disuasorio sobre las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que trabajan en el ámbito de la justicia internacional.
El escrito pone especial énfasis en lo que esto significa para el acceso a la justicia. Las organizaciones de la sociedad civil han asumido un papel fundamental para conectar a las víctimas con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas en el Territorio Palestino Ocupado, documentando y preservando pruebas, aportando conocimientos jurídicos y contextuales y apoyando la participación de víctimas y sobrevivientes en la búsqueda de justicia y reparaciones. En lugares donde la CPI tiene un acceso limitado, incluido el Territorio Palestino Ocupado, estas organizaciones pueden constituir un vínculo fundamental con víctimas, sobrevivientes y testigos.
Como explica el escrito, cuando las sanciones cortan estos canales, “las víctimas y sobrevivientes pierden el acceso a las personas y organizaciones en las que han llegado a confiar”, así como a información sobre los procedimientos, asistencia para hacer valer sus derechos humanos fundamentales y vías fiables de acceso a la CPI.
Las 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el escrito son (por orden alfabético):
1. Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)
2. Amnesty International
3. Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)
4. Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)
5. Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)
6. Center for Development of International Law (CDIL)
7. Center for Justice and Accountability (CJA)
8. Centre marocain pour la loi et la paix
9. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
10. Chinese Initiative on International Law (CIIL)
11. Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)
12. COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria
13. Croatian Helsinki Committee for Human Rights
14. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
15. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
16. Global Justice Center
17. Human Rights Now
18. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
19. Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)
20. International Federation for Human Rights (FIDH)
21. International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)
22. Just Access
23. Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)
24. Lawyers’ Rights Watch Canada
25. Libya Crimes Watch (LCW)
26. No Peace Without Justice
27. The Nuhanovic Foundation
28. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
29. Platform for Peace and Humanity
30. Refugees in Libya
31. Rights for Peace
32. Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
33. StoptheDrugWar.org
34. Students for Global Democracy Uganda
35. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
36. Women’s Initiatives for Gender Justice
37. World Organization Against Torture (OMCT)
38. World Without Genocide
