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Martes, Septiembre 4, 2018
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Naturaleza del caso

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR) concluyó que Ecuador violó los derechos de Marcia Cecilia Trujillo Calero a la seguridad social, la no discriminación y la igualdad de género conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) al no proporcionarle información oportuna y adecuada sobre los requisitos para acceder a un plan de jubilación y al negarle la pensión sobre la base de razones desproporcionadas y discriminatorias.

Aplicación de la decisión y resultados

Ecuador debe presentar una respuesta ante el Comité dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión y debe incluir información sobre las medidas adoptadas sobre la base de las recomendaciones del Comité. Ecuador también debe publicar los dictámenes del Comité y distribuirlos al público. El Comité, por su parte, implementará su procedimiento de seguimiento de dictámenes.

Relevancia del caso

Esta decisión fue la primera vez en la que un órgano de tratados de la ONU se expidió sobre la relación que existe entre el trabajo de cuidados no remunerado y el acceso a la seguridad social según el género. Al hacerlo, el Comité avanzó en una articulación robusta de los derechos a la seguridad social y a la igualdad de género sustantiva respecto de un tema de importancia mundial. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “[e]n todo el mundo, las mujeres dedican entre dos y diez veces más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres”. Esta carga desproporcionada del trabajo  de cuidados no remunerado que soportan las mujeres contribuye a crear una diferencia mundial en las pensiones en términos de género. De acuerdo con un estudio de la OIT de 2016 basado en datos de 107 países, “[c]asi el  65 por ciento de las personas que han superado la edad de jubilación y no cuentan con ninguna pensión regular son mujeres”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que “la manera en la que las desigualdades del mercado laboral y del desempleo se traducen en la esfera de la protección social suele girar alrededor de la medida en que existan mecanismos que puedan compensar la desigualdad de género en el empleo, como el reconocimiento de los períodos dedicados al cuidado de los hijos o ancianos en el sistema de jubilaciones”.

 

La decisión del Comité también proporciona un ejemplo paradigmático de cómo un análisis interseccional puede justificar un examen más estricto de posibles fuentes de discriminación. Al aplicar este enfoque, el Comité se aseguró de identificar desigualdades tanto en la intención como en el resultado, así como manifestaciones directas e indirectas de discriminación. El resultado es un dictamen de Naciones Unidas que denuncia las normas supuestamente “neutrales” por su perjuicio discriminatorio contra los derechos de las mujeres que realizan el trabajo de cuidados no remunerado. De esta manera, la decisión representa un cuestionamiento de las concepciones tradicionales del trabajo prevalentes en sistemas de seguridad social que no valoran debidamente el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres. Es importante que el Comité también aplicó este análisis a sistemas jubilatorios no contributivos basados en la edad, señalando que tales sistemas deberían “tener en cuenta el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres; que a menudo son las únicas responsables del cuidado de los hijos; y que, con mayor frecuencia, carecen de pensiones contributivas”.

 

Agradecemos especialmente al miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University

Ultima actualización: 28 de agosto de 2018

Grupos involucrados en el caso

La Sra. Trujillo fue representada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, incluyendo su oficina de Derechos del Buen Vivir. Los siguientes miembros de la Red-DESC presentaron en forma conjunta una  intervención de tercero bajo la coordinación de la Red-DESC: Amnesty International, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Center for Economic and Social Rights (CESR), Economic and Social Rights Centre – Hakijamii, Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP), Legal Resources Centre (LRC), Social Rights Advocacy Centre (SRAC) y los siguientes miembros individuales: profesora Lilian Chenwi (School of Law, University of Witwatersrand) y Viviana Osorio Pérez.