Housing (Right to adequate)

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Caselaw

In this case, a landlord applied for the High Court to set aside a decision by the Gauteng Rental Housing Tribunal (“Tribunal”). Eighty rental tenants had brought a complaint to the Tribunal based on their landlord’s charge of about R385 per month per tenant for electricity in addition to the costs they paid for their individual consumption. The tenants discovered that the utility service provider, City Power, charged the landlord about R337,50 per month for the whole building. This meant that their landlord was generating a significant profit from the service charge.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

Este caso se refiere a un reclamo de indemnización presentado por una mujer con discapacidades graves, la Sra. Bernard, y su marido (quien era la única persona que se ocupaba de cuidarla), según el cual el Departamento de Vivienda local no les había proporcionado una vivienda adecuada a su discapacidad. Dicha omisión, según se aducía, constituía una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).

Los actores en este caso eran miembros de la comunidad Irish Travelling, un pueblo tradicionalmente nómada. Este grupo en particular vivió en un lugar de parada no oficial ubicado en Limerick City durante más de ocho años bajo condiciones de pobreza y privaciones extremas, sin agua corriente, baños, recolección o almacenamiento de residuos domésticos, ni superficies duras donde aparcar sus casas rodantes.

Debido al deterioro de los edificios de Schubert Park, un barrio residencial subsidiado por el estado, la ciudad cortó el suministro de agua y electricidad mientras 700 familias vivían allí. Los residentes protestaron encendiendo fuegos y arrojando objetos desde los edificios. La policía obligó a estos residentes a abandonar los edificios y no permitió que ningún residente vuelva al barrio. Se llevaron a cabo negociaciones entre los residentes y la ciudad para encontrar viviendas temporarias para los residentes desplazados, pero no se llegó a un acuerdo.

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.