Aplicación de la decisión y resultados
Luego de que la Corte determinó que existía un estado de cosas inconstitucional respecto de la población desplazada, estableció procedimientos adicionales para asegurar la superación gradual de la inconstitucionalidad. Una de las estructuras que creó la Corte fueron las de autos de seguimiento. Estos autos tenían como objetivo darle a la Corte, con la ayuda de la sociedad civil y las personas desplazadas afectadas, el espacio para abordar cómo los grupos vulnerables experimentaron impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto interno y el desplazamiento. Desde 2004 hasta 2020, la Corte emitió autos abordando mujeres, violencia sexual, defensoras de derechos humanos (DDH), personas defensoras de derechos humanos en general, niños y niñas, Pueblos Indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y personas desplazadas durante la pandemia del COVID-19. Además, estos autos tuvieron sus propios procedimientos de seguimiento, mediante los cuales la Corte evaluó el progreso del gobierno en las medidas ordenadas por la Corte durante los autos iniciales. El mecanismo de evaluación de estos autos estuvo conformado por cuatro dimensiones de cumplimiento: alto, medio, bajo o incumplimiento. La mayoría de las órdenes de seguimiento reportaron un bajo cumplimiento caracterizado por falta de información sobre los resultados derivados de las diversas acciones ordenadas por la Corte, o planificación y diseño de programas sin implementación efectiva.
En 2008, una sesión de información técnica llevada a cabo por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia tuvo como objetivo revisar los avances realizados por el Gobierno en materia de derechos de las personas desplazadas en respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional en el caso T-025 de 2004 y los casos subsiguientes. La Sala Segunda de Revisión se centró en destacar la ausencia de indicadores claros y de medidas de seguimiento y evaluación de las mejoras realizadas por el Gobierno en la protección de los derechos de las personas desplazadas, una cuestión planteada en el dictamen original T-025 de 2004 y abordada en autos posteriores (185 de 2004, 178 de 2005, 218 y 266 de 2006). La Sala revisó los múltiples métodos de evaluación previamente aprobados. En marzo de 2007, la Sala Segunda de Revisión celebró una audiencia pública para aclarar la serie de indicadores propuestos por el Gobierno en relación con la forma en que iban a medir las mejoras de los derechos de las personas desplazadas. En la sentencia del Auto 109 de 2007, la Sala Segunda de Revisión adoptó 43 indicadores, los cuales deberían medir los cambios en los derechos de las personas desplazadas a la vivienda, la salud, la educación, la nutrición y los derechos a la identidad. El 22 de junio de 2007, en el Auto 233 de 2007, la Sala Segunda de Revisión llamó la atención sobre los vacíos y las fallas que aún no se habían abordado, incluso a pesar de los indicadores recién adoptados.
No obstante, una revisión general de diez años realizada por la Corte encontró que ha habido algunas mejoras en la reducción de los obstáculos institucionales para el acceso a la ayuda, así como una mayor asignación de recursos. Cuando ha habido deficiencias en la implementación de las políticas necesarias, la Corte ha considerado demandas posteriores que brindan protección adicional a grupos especialmente vulnerables dentro de la comunidad desplazada.
