Derechos de la infancia

Solapas principales

La acción surgió de una apelación de dos sentencias del Superior Tribunal de 2016. Un grupo local de mujeres (Mahila Mandals) y otros grupos de autoayuda cuestionaron la validez de un llamado a licitación emitido ese año por el Estado de Maharashtra. Mediante la licitación, un contrato de suministro de suplementos alimenticios a beneficiarios del ICDS fue concedido a grandes empresas con fuertes vínculos políticos.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

Este caso de tutela se refiere al requisito de que el Estado brindase servicios de salud a un grupo de niños que vivían en una zona empobrecida de Bogotá. Cuatrocientas dieciocho familias interpusieron esta acción contra el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para pedir vacunas gratuitas contra dos cepas de meningitis bacteriana. Los demandantes argumentaron su caso en virtud del artículo 44 de la Constitución colombiana, que garantiza ciertas libertades y protecciones a los niños, y en virtud de varios tratados a los que se suscribió Colombia.

En 2005, Alemania inició la cuarta fase de un plan destinado a reducir el costo del sistema de bienestar social del país, una iniciativa que lleva el nombre de su principal arquitecto, el director de personal de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV fusionó los beneficios de desempleo y bienestar, fijando el beneficio estándar para personas solteras que residen en los estados de la antigua Alemania Occidental (incluyendo Berlín Oriental) en 345 euros al mes. Este monto fue determinado sobre la base de un estudio estadístico de los ingresos y gastos de los grupos de menores ingresos.

Alto Tribunal de Uganda encuentra discrepancias en la calidad entre las escuelas públicas, concertadas y las que funcionan con asociaciones público-privadas, lo que supone una violación de los derechos a la educación y a la igualdad

Después de la introducción del programa de Educación Secundaria Universal (USE, por sus siglas en inglés) en 2007 por parte del Gobierno de Uganda, el programa se implementó posteriormente en escuelas públicas, escuelas subvencionadas por el gobierno, escuelas privadas con fines de lucro de Asociaciones Público-Privadas (APP) y escuelas privadas sin fines de lucro de APP. El Gobierno pagó UGX 47.000 por estudiante para aquellos matriculados en las escuelas APP, a diferencia de UGX 230.000 por estudiante matriculado en las escuelas públicas y subvencionadas por el gobierno.

Sentencia de la Corte Suprema de Colombia protege a generaciones futuras y la selva amazónica en caso sobre cambio climático

Con el apoyo de Dejusticia, 25 niños y jóvenes demandaron a la presidencia de Colombia, los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y las municipalidades de la Amazonia colombiana, sosteniendo que la deforestación de la región amazónica del país y las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes amenazan sus derechos a un medio ambiente saludable, la vida, la salud, el alimento y el acceso al agua.

Los residentes de un centro de acogida cuestionan con éxito las normas sobre separación familiar y cierre del centro

Este caso surgió de la sentencia de 2011 de Blue Moonlight, en la que la Corte Constitucional de Sudáfrica estableció que los municipios tienen la obligación constitucional de proporcionar alojamiento temporal de emergencia a todas las personas desahuciadas que, de lo contrario, no tendrían hogar.

El Comité Africano de los Derechos y Bienestar del Niño responsabiliza a Mauritania de la esclavitud infantil

Said Ould Salem y su hermano menor, Yarg Ould Salem, nacieron de una madre haratin, parte de la antigua clase de esclavos de Mauritania. Aunque ahora la esclavitud está prohibida en Mauritania, la práctica sigue siendo generalizaday comúnmente victimiza a los miembros de la minoría haratin. Desde su nacimiento, ambos hermanos se convirtieron en esclavos de la familia El Hassine. Los dos niños trabajaban siete días a la semana sin descanso, incluso los viernes.

Un enfoque basado en los derechos humanos de la penalización de la exposición al VIH

La recurrente, E.L., de 26 años y madre de cuatro hijos que vivía con VIH, fue acusada y declarada culpable por el tribunal inferior bajo el artículo 192 del Código Penal de Malaui (el Código) por cometer ilegalmente (con negligencia) un acto que probablemente transmitiría una enfermedad que pone en peligro la vida. El fiscal argumentó que la recurrente le dio de mamar al bebé de la actora “de manera ilegal, negligente e intencional” mientras lo cuidaba. En el momento del incidente, E.L. recibía tratamiento antirretroviral (ART).

CDESC confirma que el derecho a la vivienda es aplicable a acuerdos privados de renta

En octubre de 2013, Mohamed Ben Djazia, Naouel Bellili y sus hijos menores fueron desalojados de la vivienda que alquilaban en Madrid, España, después de que venció su contrato privado de alquiler. En ese momento España pasaba por una crisis económica devastadora, con altos niveles de desempleo, que había afectado también a la familia Ben Djazia-Bellili, por lo que no habían podido pagar el alquiler por cierto tiempo. Ben Djazia había solicitado una vivienda social en repetidas oportunidades durante más de una década, pero recibió siempre una respuesta negativa.