Children's and Young Persons’ Rights

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Caselaw

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

La International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) presentó una petición ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados parte de la Carta Social Europea) denunciando que Francia había violado el derecho a la asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea (revisada)) al cancelar la exención de los inmigrantes ilegales de muy bajos ingresos de pagar el tratamiento médico y hospitalario.

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.

El caso fue presentado por niños desfavorecidos que necesitaban vivienda y tratamiento en unidades de apoyo intensivo. Los niños afirmaron que el estado tenía la obligación constitucional de proporcionarles cuidados especiales e instalaciones educativas apropiadas. El estado coincidió en que tales instalaciones eran necesarias y afirmó que había iniciado el proceso de planificación para construirlas. Sin embargo, los proyectos sufrieron numerosos retrasos administrativos y logísticos.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

On 17th July, 2014, the European Court of Human Rights (ECHR) held the Romanian government accountable for violating the human rights of Valentin Câmpeanu, a youth with severe mental disabilities and HIV positive, who died in 2004. Abandoned at birth, he lived in public institutions all his life. When he turned eighteen, he was shifted to a social care home for adults, and afterwards, to a mental hospital. Here, left in isolation, and in the cold, without necessary health care and treatment, and deprived also of food and proper clothing, he died within seven days.

The case was brought by disadvantaged children in need of accommodation and treatment in high support units.  The children asserted that the state was under a constitutional obligation to provide them with special care and appropriate educational facilities.  The state agreed that such facilities were necessary and had begun the planning process for building them.  However the projects suffered many administrative and logistical delays.  A High Court Judge issued a mandatory injunction (an order requiring the performance of a specific act), incorporating the state’s plan and ordering the go