Housing (Right to adequate)

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Caselaw

The City of Johannesburg sought to evict men, women and children from two buildings in Berea, in the inner city. This was part of an overall clearance policy under the Johannesburg Inner City Regeneration Strategy, in which evictions have been carried out in the middle of the night and without notice, under Apartheid-era laws and regulations. The city alleged that the living conditions are unhygienic and constitute a fire hazard, but had refused to offer the occupiers alternative accommodation.

Sally Chapman purchased a piece of land in 1985 with the intention of living on it in a caravan. She was refused permission to live on the land by the District Council and was given 15 months to vacate it. She claimed her rights under the European Convention on Human Rights had been violated, including Article 8 (right to respect for private and family life) and Article 14 (violation of prohibition of discrimination). Following an invitation of the President of the Court (according to Art 36 § 2), the European Roma Rights Centre intervened as a third party in the written procedure.

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado.

La presentación denunció que el gobierno militar de Nigeria era responsable de, entre otras cosas, violaciones del derecho a la salud, el derecho a disponer de la riqueza y los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente limpio y los derechos de familia, debido a que condonaba y facilitaba las operaciones de empresas petroleras en tierras del pueblo ogoni.  

Esta petición colectiva, presentada por el European Roma Rights Centre (ERRC), denunció que en Grecia se les negaba a los gitanos el derecho efectivo a la vivienda.  

El Comité sostuvo que la aplicación del artículo 16 respecto de los grupos nómades, incluyendo los gitanos itinerantes, implica que se les deben proveer lugares de asentamiento adecuados. En este sentido, el artículo 16 contiene obligaciones similares a las consagradas en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.  

El caso se refirió a una resolución adoptada por el consejo municipal de Dobšiná, bajo presión de grupos de derecha opuestos a los gitanos,  que cancelaba una resolución previa en la que se había aprobado un plan para construir viviendas sociales de bajo costo para los residentes gitanos que vivían en muy malas condiciones.

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales).

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.