Colombia

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Caselaw

T-841

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

Sentencia T-974/10. Revisión de tutela. Piedad Cristina Peña en representación de su hija María Alejandra Villa contra la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coomeva. Expediente T-2.500.563

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

Decision T-974/10. Writ for the protection of constitutional rights. Piedad Cristina Peña, on behalf of her daughter, María Alejandra Villa, vs. Entidad Promotora de Salud (EPS) Coomeva. File T-2.500.563

The mother of an intellectually disabled girl initiated a tutela action because her daughter had been diagnosed with cognitive deficit and microcephaly, and she could not afford the recommended integrated program of therapy and special education. The Constitutional Court accepted to review the case and ordered EPS Coomeva to coordinate with local education agencies to obtain a comprehensive medical assessment of the minor, as well as to determine the medical and educational services required for her disability.

Sentencia T-051/11. Revisión de tutela. Julio David Pérez con la Alcaldía de Montería. Expediente T-2650185

La acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

Decision T-051/11. Writ for the protection of constitutional rights. Julio David Pérez vs. Mayor's Office of Montería. File T-2650185

Complainant is hearing impaired and had completed the first semester in the Primary School Teacher's College at Montería, but was not able to continue on past the first year because based on the applicable law (paragraph 3, Art 9 of Decree 366/2009) established that a minimum presence of 10 students with hearing disabilities was necessary to require sign language interpreters in educational institutions.

Sentencia C-376/10, Corte Constitucional de Colombia

Los demandantes interpusieron la acción de inconstitucionalidad porque consideraban que la Ley 115 de 1994 desobedecía los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos al contemplar la posibilidad de cobrar derechos académicos en la educación primaria (art. 183).

Decision C-376/10 of the Colombian Constitutional Court

The plaintiffs filed a constitutional claim arguing that Law 115 of 1994 did not comply with international human rights standards by allowing for the option to charge fees on primary education (sect. 183). The Court found the law unenforceable, considering that fees may not be applied to official primary education, but only to secondary and higher education levels.

Sentencia T-821/07

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

Judgment T-821/07

In September 2006, seven hooded and armed men kidnapped Rosmira Serrano Quintero's partner and killed her father, then told her to leave El Limoncito, where she lived, or else she and her daughters would also be killed, so she fled. In November 2006, she requested registration of herself and her daughters as displaced persons. Her application was denied by the Presidential Agency for Social Action and International Cooperation (Social Action). Ms.

Sentencia T-760 de 2008

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.