India

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Caselaw

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41).
Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

El peticionante sufrió heridas graves al caerse de un tren. Se le negó la asistencia médica en seis hospitales estatales debido a falta de infraestructura médica adecuada o de camas libres.   La Corte señaló que el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la India (artículo 21) le impone al Estado la obligación de preservar el derecho a la vida de todas las personas y de considerar dicha preservación como de suma importancia. Esta obligación es independiente de las limitaciones de recursos financieros que puedan existir.

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

Había habido muertes por inanición en el estado de Rajastán a pesar de que se conservaban excedentes de cereales para períodos oficiales de hambruna; asimismo, diversos planes de distribución de alimentos implementados en todo el país no estaban funcionando. En 2001, la organización People's Union for Civil Liberties (PUCL) solicitó a la Corte que exigiera el cumplimiento de los planes de alimentos y del Código de Hambruna, el cual permitía que se liberaran reservas de cereales en épocas de hambruna. Basó sus argumentos en el derecho a la alimentación, derivándolo del derecho a la vida.

The case involved a challenge by certain private professional educational facilities to the constitutionality of state laws regulating capitation fees charged by such institutions.  

Under Sections 20 and 21 of the Urban Land Ceiling and Regulation Act, 1976, the State Government exempted certain excess land from the provisions of the Act on the condition that the land be used by the builders for the purpose of providing housing for the ‘weaker sections of society.'  It was alleged that the builders had not done so. Although it found that the applicant's writ of petition had been rendered infructuous, the Bombay High Court gave some directions regarding future monitoring of the scheme sanctioned under Section 20.
 

The petitioner sustained serious injuries after falling off a train. He was refused treatment at six successive State hospitals because the hospitals either had inadequate medical facilities or did not have a vacant bed. 

Starvation deaths had occurred in the state of Rajasthan, despite excess grain being kept for official times of famine, and various schemes throughout India for food distribution were also not functioning. In 2001, the People's Union for Civil Liberties (PUCL) petitioned the court for enforcement of both the food schemes and the Famine Code, a code permitting the release of grain stocks in times of famine. They grounded their arguments on the right to food, deriving it from the right to life.

In 1981, the State of Maharashta and the Bombay Municipal Council decided to evict all pavement and slum dwellers from the city of Bombay. The residents claimed such action would violate the right to life, since a home in the city allowed them to attain a livelihood and demanded that adequate resettlement be provided if the evictions proceeded. The Court declined to provide the remedies requested by the applicants but found that the right to a hearing had been violated at the time of the planned eviction.