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El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha causado numerosos muertos, heridos y, en general, traumas y alteraciones irreversibles en el tejido de la sociedad colombiana. Una de las poblaciones más afectadas en este conflicto ha sido la de las personas que se han visto obligadas a desplazarse para huir de la violencia y la pobreza inducida por el conflicto. En 2004, la Corte Constitucional de Colombia reconoció oficialmente el impacto desproporcionado de las violaciones derivadas del conflicto sobre las personas desplazadas al declarar, a través del caso T-025, un estado de cosas inconstitucional en el país con respecto a la población desplazada.