Educación

Solapas principales

En el presente caso se discutió el derecho de un alumno con discapacidad intelectual a obtener el título oficial que acreditara la finalización de sus estudios secundarios en igualdad de condiciones, con fundamento en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la educación inclusiva y prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

En este caso se cuestionó si el Ministerio de Educación y ocho provincias sudafricanas tenían obligaciones constitucionales y legales de proveer las comidas diarias del NSNP a los alumnos. Los actores fueron Equal Education, una organización de defensa educativa sin fines de lucro y los órganos directivos escolares de dos instituciones: Vhulaudzi Secondary School y Mashao High School.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), interpusieron una acción de amparo colectivo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional (Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa) a adoptar las medidas necesarias para la producción de información suficiente y adecuada sobre las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad.

Alto Tribunal de Uganda encuentra discrepancias en la calidad entre las escuelas públicas, concertadas y las que funcionan con asociaciones público-privadas, lo que supone una violación de los derechos a la educación y a la igualdad

Después de la introducción del programa de Educación Secundaria Universal (USE, por sus siglas en inglés) en 2007 por parte del Gobierno de Uganda, el programa se implementó posteriormente en escuelas públicas, escuelas subvencionadas por el gobierno, escuelas privadas con fines de lucro de Asociaciones Público-Privadas (APP) y escuelas privadas sin fines de lucro de APP. El Gobierno pagó UGX 47.000 por estudiante para aquellos matriculados en las escuelas APP, a diferencia de UGX 230.000 por estudiante matriculado en las escuelas públicas y subvencionadas por el gobierno.

El comité de redacción de los Principios Rectores de Derechos Humanos sobre actores privados en la educación ha lanzado una consulta pública en línea para solicitar comentarios sobre el documento, que recopila varias consultas que tuvieron lugar en los...

El Comité Africano de los Derechos y Bienestar del Niño responsabiliza a Mauritania de la esclavitud infantil

Said Ould Salem y su hermano menor, Yarg Ould Salem, nacieron de una madre haratin, parte de la antigua clase de esclavos de Mauritania. Aunque ahora la esclavitud está prohibida en Mauritania, la práctica sigue siendo generalizaday comúnmente victimiza a los miembros de la minoría haratin. Desde su nacimiento, ambos hermanos se convirtieron en esclavos de la familia El Hassine. Los dos niños trabajaban siete días a la semana sin descanso, incluso los viernes.

Implementación participativa del caso D.H. promueve la inclusión de niños romaníes en las escuelas checas

Los solicitantes eran niños checos de ascendencia romaní de entre 9 y 15 años de edad que habían sido asignados a “escuelas especiales” para niños con discapacidades mentales entre 1996 y 1999. Su situación no era excepcional. En 1999, la probabilidad de que un niño romaní fuera asignado a una “escuela especial” era más de 27 veces mayor que la de un niño no romaní.