Igualdad y no discriminación

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia es responsable de políticas y prácticas que conducen a que los residentes romaníes y sinti vivan en viviendas segregadas y extremadamente inadecuadas, así como del desalojo forzoso de comunidades enteras y la expulsión de Italia de romaníes migrantes. En la decisión también se halló a Italia responsable del clima subyacente de racismo y xenofobia existente en el país.

Los peticionantes adujeron que sus derechos a la propiedad de tierras agrícolas habían sido infringidos por una disposición de la Constitución de Zimbabwe que confería efectivamente la propiedad de todas las tierras agrícolas compradas en forma compulsiva por el Estado, asi como discriminación racial en la aplicación de la disposición. Asimismo, la disposición eliminaba la jurisdicción de los tribunales para recibir reclamos relacionados con tales adquisiciones de tierras agrícolas.

Sandra Lovelace, una mujer indígena de la tribu maliseet, vivió con sus padres en la reserva Tobique hasta que se casó con un hombre que no era indígena. El matrimonio se separó y la Sra. Lovelace volvió a la reserva para vivir con sus padres, pero no pudo comprarse una vivienda en la reserva porque el consejo daba prioridad a los miembros del grupo.