Igualdad y no discriminación

Solapas principales

País: 
Reino Unido
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC
País: 
India
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Mujeres y DESC
Movimientos Sociales y Orgs. de Base
PF-PIDESC
País: 
Bolivia
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC

Alyne Pimentel, una mujer afrobrasileña, murió a los 28 años como consecuencia de complicaciones relacionadas con un embarazo después de que un centro de salud de Rio de Janeiro no le proporcionara acceso adecuado y oportuno a tratamiento obstétrico de emergencia. La muerte de Pimentel hubiera podido ser impedida si el centro de salud le hubiera diagnosticado y tratado correctamente por muerte fetal intrauterina.

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

El peticionante es una asociación que representa a más de 150 organizaciones que proveen asistencia a niños de la provincia de Western Cape que padecen discapacidades intelectuales graves y profundas. En esa región, la única educación disponible para estos niños es provista por "Centros de Educación Especial" operados por organizaciones no gubernamentales. La cantidad de Centros de Educación Especial no es suficiente y los niños que no pueden asistir a esos centros no tienen ninguna alternativa.

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia es responsable de políticas y prácticas que conducen a que los residentes romaníes y sinti vivan en viviendas segregadas y extremadamente inadecuadas, así como del desalojo forzoso de comunidades enteras y la expulsión de Italia de romaníes migrantes. En la decisión también se halló a Italia responsable del clima subyacente de racismo y xenofobia existente en el país.

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales