Igualdad y no discriminación

Solapas principales

El caso se refirió a una resolución adoptada por el consejo municipal de Dobšiná, bajo presión de grupos de derecha opuestos a los gitanos,  que cancelaba una resolución previa en la que se había aprobado un plan para construir viviendas sociales de bajo costo para los residentes gitanos que vivían en muy malas condiciones.

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

La Constitución de Texas establece que “la difusión general del conocimiento” es “esencial para la preservación de las libertades y los derechos del pueblo”. Asimismo, la Legislatura y el Estado tienen la obligación de “establecer y realizar las previsiones adecuadas para financiar y mantener un sistema eficiente de escuelas gratuitas” (Artículo VII, pár. 1).

La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales).

La señora Zwaan de Wries quedó desempleada en febrero de 1979 y se le otorgaron beneficios de desempleo hasta octubre del mismo año, pero se le negó la asistencia continua prevista por la Ley de Beneficios de Desempleo (WWV) porque era casada y no era el “sostén de familia”. Los hombres casados podían acceder a los beneficios sin tener que probar que fueran el “sostén de familia”.

Tres hermanos (V) vivían en Suiza desde 1980 como refugiados reconocidos. En 1987, fueron echados de dicho país a Checoslovaquia por delitos penales. En septiembre de 1991 volvieron a entrar a Suiza en forma ilegal. A Suiza le era imposible volver a echarlos, porque la nueva República Checa había rescindido su ciudadanía, pero se les negaba el apoyo/asistencia social debido a su condición de ilegales. El Tribunal sostuvo que la exclusión de tres ciudadanos extranjeros violaba un derecho constitucional implícito a “conditions minimales d'existence” (condiciones mínimas de existencia).

Airey buscó la separación judicial de su marido, quien la maltrataba físicamente. Como no pudo llegar a un acuerdo de separación con él, solicitó al juez que ordenara la separación. Esto le fue imposible, porque no contaba con los medios económicos, al no haber asesoramiento jurídico gratuito, para contratar un abogado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se trataba de una violación a su derecho a tener acceso al sistema judicial para que se dictamine sobre sus derechos y obligaciones civiles (Artículo 6).

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de los trabajadores afiliados, denunció ante la CIDH al Estado ecuatoriano, por incumplir la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este incumplimiento radicaba en las reducciones sistemáticas del presupuesto nacional en materia de salud y su consecuente impacto en la salud y la vida de los grupos más vulnerables de la sociedad.

En 1994, se aprobó la Agriculture Labour Relations Act (ALRA, Ley de Relaciones Laborales del Sector de la Agricultura) para incluir a los trabajadores del sector en el régimen de relaciones laborales de la provincia de Ontario. Un año después, el flamante gobierno conservador anuló la ALRA.

El caso Bhe se refiere a tres causas relacionadas (Bhe, SAHRC y Shibi) para las que se dictó una sentencia común. En la primera causa, el padre de los demandantes, Nonkuleleko y Anelisa Bhe (de 9 y 2 años de edad), había fallecido y la madre (la tercera demandante) inició un juicio para asegurar que la propiedad del difunto pasara a sus hijas. Conforme al principio de primogenitura del derecho consuetudinario africano, así como al artículo 23 de la Black Administration Act, la vivienda debía pasar a manos del pariente varón de mayor edad del padre, en este caso, el abuelo.