Género

Solapas principales

A lo largo de los dos últimos años, decenas de miembros de la Red-DESC han participado en debates entre redes para elaborar el informe analítico "Construir una paz sostenible. Transformando las situaciones de conflicto para las mujeres". El informe sostiene que, al abordar las situaciones afectadas por los conflictos, es fundamental adoptar un enfoque feminista interseccional a través de un marco de derechos humanos, y ofrece siete lecciones y principios para orientar el trabajo sobre el terreno.

El Legal Resources Centre (LRC) representó a Agnes Sithole, una mujer de setenta y dos años de edad residente de KwaZulu-Natal que en 1972 se había casado con Gideon Sithole fuera del régimen de gananciales, con arreglo al artículo 22(6) de la Ley Black Administration Act 38 de 1927 (BAA), y la Comisión por la Igualdad de Género cuestionando la Ley de Bienes Conyugales de 1984. Entre 1972 y 1985, la Sra. Sithole trabajó como ama de casa y administró con éxito un negocio de vestimenta desde su hogar, pudiendo educar a sus hijos y asistir en el pago de los gastos de la familia.

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

El 27 de abril de 2021, la Red-DESC coorganizó un debate en línea sobre los derechos a la tierra. Más de 50 representantes de organizaciones miembro de África, Asia, América Latina, Oriente Medio, Europa y América del Norte se reunieron virtualmente para aprender de...

En el momento de su muerte, Maria Mahlangu trabajaba como empleada doméstica en un domicilio particular de Sudáfrica. La hija y la nieta de Mahlangu dependían económicamente de ella en el momento de su fallecimiento. La hija de Mahlangu solicitó ayuda ante el Ministerio de Trabajo mediante compensación con arreglo a la Ley de compensación por lesiones y enfermedades laborales (COIDA) o beneficios del seguro de desempleo.

Los peticionantes cuestionaron la omisión del gobierno de Uganda de proporcionar servicios de salud materna básicos en violación de (1) el derecho a la salud, (2) el derecho a la vida y (3) los derechos de la mujer con arreglo a la Constitución.

La acción surgió de una apelación de dos sentencias del Superior Tribunal de 2016. Un grupo local de mujeres (Mahila Mandals) y otros grupos de autoayuda cuestionaron la validez de un llamado a licitación emitido ese año por el Estado de Maharashtra. Mediante la licitación, un contrato de suministro de suplementos alimenticios a beneficiarios del ICDS fue concedido a grandes empresas con fuertes vínculos políticos.