Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La autoridad sobre normas publicitarias del Reino Unido (ASA) concluyó que las reivindicaciones de la aerolínea respecto de que los clientes que elegían Ryanair en lugar de otra aerolínea reducían las emisiones de dióxido de carbono eran engañosas y violaban el código de publicidad no audiovisual del Reino Unido. ASA sostuvo que los consumidores tenían información insuficiente en la publicidad para respaldar las reivindicaciones de la empresa, y señaló también que los competidores más conocidos no eran tenidos en cuenta en el cálculo que empleaba Ryanair. 

En el año 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (en adelante, “la Comisión”) publicó los resultados de una investigación que duró siete años sobre los efectos del cambio climático sobre las Filipinas y la obligación de los Estados y los actores del sector privado de abordar “la creciente frecuencia y gravedad de los desastres naturales”.

Asghar Leghari, agricultor y abogado, demandó al gobierno de Pakistán por su inacción frente al cambio climático, denunciando que tal falta de acción, “retraso y falta de seriedad” violaban los derechos fundamentales a la vida previstos por la Constitución, dado que el cambio climático representaba una amenaza seria para la seguridad del agua, la alimentación y la energía de Pakistán. Además, Leghari argumentó que los “efectos del cambio climático se pueden abordar mediante medidas de mitigación y adaptación”. 

Luisa Neubauer, junto con otros nueve jóvenes activistas del clima, demandaron al gobierno federal alemán por su omisión de aprobar legislación nacional sobre el clima adecuada. Los actores argumentaron que la actual legislación sobre el clima (la Ley Federal sobre el Cambio Climático de 2019 o Bundes-Klimaschutzgesetz, en adelante, Ley KSG) no solo viola las responsabilidades de Alemania bajo el Acuerdo de París, sino que, también, viola sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Alemania. 

Cuatro partidos políticos (el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista de Brasil (PSB) y la Red de Sustentabilidad (Rede)) demandaron al gobierno de Brasil por violaciones de sus obligaciones constitucionales e internacionales referidas a la protección ambiental. Los actores denunciaron específicamente que el gobierno de Jair Bolsonaro no había asignado y desembolsado fondos del Fondo para el Clima en 2019. 

Se trata de una demanda colectiva presentada por Milieudefensie, Greenpeace NL, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both ENDS y Young Friends of the Earth NL contra Royal Dutch Shell en el tribunal de distrito de La Haya. Los actores solicitaron una orden de que RDS (la empresa matriz de Shell) reduzca sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en un 45 % para 2030, comparando con niveles de 2019, y a cero para 2050, de acuerdo con el Acuerdo de París. 

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP. 

Este caso se refiere a una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte”) presentada por Center for Justice and International Law (CEJIL), en nombre de Jesús Tranquilino Vélez Loor, con arreglo a los artículos 63(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27(3) del Reglamento de la Corte.

Estos dos casos forman parte de un grupo de seis casos en los que agricultores nigerianos buscaron una compensación por el daño ambiental y a sus subsistencias sufridos como consecuencia de fugas de hidrocarburos de los oleoductos de Shell en las aldeas de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien tenía 23 años en el momento de su desaparición, sufría de ataques epilépticos desde la niñez. El 21 de enero de 2004, se le diagnosticó una discapacidad psicosocial. Debido a que no poseía suficientes ingresos para cubrir sus propias necesidades básicas y las de su familia, el señor Chimbo no siempre podía pagar los medicamentos necesarios para tratar sus ataques de epilepsia.