Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Anil Kumar Mahajan se unió al Servicio Administrativo de la India (IAS) en 1977, iniciando una carrera en la que fue sujeto a numerosas suspensiones y, en última instancia, fue obligado a retirarse en relación con una discapacidad relacionada con la salud mental. Fue suspendido del 17 al 24 de febrero de 1988. Por segunda vez, desde el 24 de febrero de 1988 hasta el 24 de febrero de 1990. El 20 de mayo de 1993 fue sometido a una tercera suspensión, sujeta a investigaciones oficiales, y luego debió comparecer frente a un consejo médico.

Los Gumede contrajeron matrimonio en 1968, antes de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios 120 de 1998, que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2000.

Cuando Makhosazane Eunice Sacolo, una mujer de Suazilandia, fue abandonada por su esposo, no pudo vender el ganado que poseían, tampoco el que había comprado con su propio dinero. Bajo el derecho consuetudinario de la potestad marital de Esuatini, esos bienes estaban registrados a nombre de su marido. Esta doctrina del derecho consuetudinario, así como la Ley del Matrimonio de 1964, también prohibían a las mujeres casadas celebrar contratos sin permiso del marido.

Esta orden otorgó efectivamente a la Sra. Maphumulo la legitimación legal para defender sus derechos de propiedad para reclamar el hogar donde había vivido 25 años.

La orden del caso Ramuhovhi quedó suspendida por un periodo de 24 meses para darle al Parlamento una oportunidad para subsanar el defecto contenido en el artículo 7(1) de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios. La Corte también aseguró que durante ese periodo de suspensión los cónyuges de matrimonios consuetudinarios polígamos tuvieran la siguiente protección:

La acción surgió de una apelación de dos sentencias del Superior Tribunal de 2016. Un grupo local de mujeres (Mahila Mandals) y otros grupos de autoayuda cuestionaron la validez de un llamado a licitación emitido ese año por el Estado de Maharashtra. Mediante la licitación, un contrato de suministro de suplementos alimenticios a beneficiarios del ICDS fue concedido a grandes empresas con fuertes vínculos políticos.

El demandante, Un Techo para mi País México (Techo), arguyó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recabó datos censales acerca de los asentamientos informales. Según Techo, esto provocó que el Estado no respetase el derecho a una vivienda digna, puesto que las políticas estatales dependen de los datos estadísticos recabados por el censo. La Corte afirmó que el hecho de que el INEGI no hubiese recogido y publicado datos estadísticos sobre los asentamientos informales creaba una presunción de inconstitucionalidad que situaba la carga de la prueba en el INEGI.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), una empresa establecida en la Columbia Británica que es propietaria del 60% de la Bisha Mining Share Company, apeló el acuerdo del Tribunal de Apelaciones respecto de la decisión del juez de Cámara (Chambers Judge) de rechazar la petición de Nevsun de anular los alegatos. Nevsun había sido objeto de una demanda colectiva presentada por más de mil personas que decían haber sido obligadas a trabajar en la mina de Bisha Mining Share Company entre 2008 y 2012.

Este caso se refiere a la constitucionalidad del artículo 3 d) de la Enmienda de 2005 ("Enmienda") a la Ley de Patentes de la India, que se añadió para cumplir con los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y las normas mínimas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la protección de la propiedad intelectual. En el apartado d) del artículo 3 se exige que las invenciones basadas en una sustancia conocida sólo sean patentables si demuestran tener una "mayor eficacia" de la sustancia conocida.

El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior dictó una orden de desalojo "por acuerdo" de 184 ocupantes no autorizados de un bloque de apartamentos en el que habían vivido durante períodos de hasta 26 años. Sólo cuatro de los 184 ocupantes estaban presentes en el procedimiento inicial del Tribunal, acompañados por el representante no oficial de su comité de barrio, el Sr. Skhulu Ngubane. El Tribunal Superior ordenó el desalojo de los ocupantes y, en procedimientos paralelos, se negó a conceder la rescisión de esta sentencia.