Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), una empresa establecida en la Columbia Británica que es propietaria del 60% de la Bisha Mining Share Company, apeló el acuerdo del Tribunal de Apelaciones respecto de la decisión del juez de Cámara (Chambers Judge) de rechazar la petición de Nevsun de anular los alegatos. Nevsun había sido objeto de una demanda colectiva presentada por más de mil personas que decían haber sido obligadas a trabajar en la mina de Bisha Mining Share Company entre 2008 y 2012.

Este caso se refiere a la constitucionalidad del artículo 3 d) de la Enmienda de 2005 ("Enmienda") a la Ley de Patentes de la India, que se añadió para cumplir con los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y las normas mínimas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la protección de la propiedad intelectual. En el apartado d) del artículo 3 se exige que las invenciones basadas en una sustancia conocida sólo sean patentables si demuestran tener una "mayor eficacia" de la sustancia conocida.

El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior dictó una orden de desalojo "por acuerdo" de 184 ocupantes no autorizados de un bloque de apartamentos en el que habían vivido durante períodos de hasta 26 años. Sólo cuatro de los 184 ocupantes estaban presentes en el procedimiento inicial del Tribunal, acompañados por el representante no oficial de su comité de barrio, el Sr. Skhulu Ngubane. El Tribunal Superior ordenó el desalojo de los ocupantes y, en procedimientos paralelos, se negó a conceder la rescisión de esta sentencia.

El peticionario, Sandesh Bansal, es un activista de la salud y miembro de Jan Adhikaar Manch, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja para sensibilizar sobre la elevada tasa de mortalidad materna en Madhya Pradesh como parte de su campaña "Save our Mothers" (Salvemos a nuestras madres). El caso también formaba parte de la estrategia de litigio nacional de la Human Rights Law Network (HRLN) para hacer frente a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas de la India.

La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos.

Siete partidos, una organización de derechos humanos, una organización de derechos civiles, una organización de derechos de privacidad, una organización que trabaja en pro de los derechos de privacidad de los clientes de los psicoterapeutas, un consejo nacional de clientes participantes en la formulación de políticas gubernamentales establecido por ley, y dos personas presentaron una demanda contra el Estado de los Países Bajos en marzo de 2018, en la que impugnaban la legalidad del uso del Sistema de Indicación de Riesgos (SyRi), un instrumento jurídico de datos gubernamentales utilizado p

En este caso se cuestionó si el Ministerio de Educación y ocho provincias sudafricanas tenían obligaciones constitucionales y legales de proveer las comidas diarias del NSNP a los alumnos. Los actores fueron Equal Education, una organización de defensa educativa sin fines de lucro y los órganos directivos escolares de dos instituciones: Vhulaudzi Secondary School y Mashao High School.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), interpusieron una acción de amparo colectivo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional (Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa) a adoptar las medidas necesarias para la producción de información suficiente y adecuada sobre las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad.

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

La reclamación fue iniciada contra GVL en octubre de 2012 ante la RSPO. La primera decisión del Panel de Reclamaciones sobre el caso es del 13 de diciembre de 2012 y sostuvo que las reclamaciones tenían mérito, emitiendo una orden de suspensión contra GVL. A partir de 2013, GVL debía presentar informes trimestrales sobre sus actividades en Liberia, incluyendo sus esfuerzos para mejorar sus operaciones y cumplir con decisiones posteriores de la RSPO.