Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A principios de 2016, el superintendente general en funciones emitió una circular exigiendo que los alumnos presenten su certificado de nacimiento ante la administración de las escuelas. Quienes no pudieran presentar su certificado de nacimiento dejarían de recibir asistencia financiera. Como consecuencia, las escuelas estaban obligadas a excluir a los niños y niñas indocumentados o se les permitía incluirlos con la condición de que debían distribuir entre todos los ya escasos recursos.

Crispín Hernández –un trabajador agrícola que fue despedido tras organizar debates sobre las condiciones de trabajo— y dos organizaciones de defensa de los derechos laborales, el Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York (“WCCNY”) y el Centro de Justicia Laboral de Nueva York (“WJCNY”), presentaron una demanda contra el gobernador y el Estado de Nueva York alegando que la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de Relaciones Laborales del Estado (“SERA”) era inconstitucional.  Los demandantes argumentaron que la exclusión de los trabajadores agrícolas de la SERA violaba vari

Las organizaciones International Commission of Jurists (ICJ) y European Council for Refugees and Exiles (ECRE) denunciaron que los niñes migrantes del territorio continental y las islas de Grecia han sido privados de sus derechos garantizados por la Carta Social Europea Revisada (en adelante, “la Carta”), los que incluyen los derechos a la vivienda compatible con la dignidad humana; garantías sociales, legales y económicas; salud; asistencia social y médica; y educación.

El 28 de noviembre de 1902, el Sr. Karel Johannes Cornelius De Jager y la Sra. Catherine Dorothea De Jager firmaron un testamento dejando como herencia varias granjas a sus hijos durante sus vidas y, posteriormente, solo a los descendientes hombres, hasta la cuarta generación. En 2015, el Sr. Kalvyn De Jager, quien había heredado la mitad de las acciones de las granjas, falleció sin tener hijos varones. En su testamento dejó sus acciones de las granjas a sus cinco hijas.

El peticionario, Dudley Lee, contrajo tuberculosis (TB) mientras estaba preso en un centro de detención supervisado por el ministro del Servicio Penitenciario. Lee presentó demanda contra el ministro ante el Tribunal Superior de Western Cape, en Ciudad del Cabo, el cual concluyó que el ministro debía pagar por los daños que había sufrido el demandante.

Martinez-Cuevas y Aguilar presentaron una demanda colectiva contra su empleador, DeRuyter Bros. Dairy Co., solicitando en parte una sentencia que declarara inconstitucional la norma RCW 49.46.130(2)(g) de la Ley de Salario Mínimo de Washington (Ley MWA). Los trabajadores denunciaron que DeRuyter Brother’s Dairy Company incumplía las normas del salario mínimo, negaba recreos adecuados o tiempo para comidas, y no compensaba el trabajo realizado antes y después de muchos de los turnos de los empleados.

Diez peticionarios, en nombre de otros 326 residentes de los asentamientos City Cotton y Upendo, denunciaron que los demandados (1ro: Moi Education Centre Co. LTD, 2do: el inspector general de la policía, 3ro: el secretario de gabinete responsable de la tierra, la vivienda y el desarrollo urbano, y 4to: el procurador general) habían violado el derecho de los peticionarios a la vivienda garantizado por el artículo 43 de la Constitución de Kenia.

Y.I., madre de tres menores, fue arrestada el 8 de octubre de 2013 bajo sospecha de tráfico de estupefacientes. Había consumido opiáceos durante seis años desde 2004, y en el momento de su detención había vuelto a comenzar a tomar drogas desde hacía poco tiempo y había permitido que otras personas consuman drogas en su hogar. Un oficial de policía de asuntos de menores también presentó múltiples informes, afirmando que Y.I. había descuidado sus responsabilidades parentales.

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.