Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Poco después de un escape de gas de óleum ocurrido en una planta de propiedad de Shriram Foods and Fertilizer Industries (“Shriram”), un juez de distrito ordenó a la empresa cesar temporalmente las operaciones de una planta de cloro emplazada en un terreno de 31 hectáreas de la empresa ubicado en un área densamente poblada por unas 200.000 personas en Delhi. El autor, M.C.

Manuela, una mujer de 33 años madre de dos hijos que vivía en situación de pobreza en El Salvador, fue acusada de homicidio agravado después de una emergencia obstétrica que le causó la pérdida de un embarazo. Cuando el padre de Manuela la llevó al hospital para que la atiendan por la emergencia médica, el personal del hospital la interrogó durante tres horas, lo que retrasó su tratamiento.

El 26 de mayo de 2017, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Corte) emitió la sentencia histórica de que el gobierno de Kenia (el Estado) había violado siete artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Carta) al desalojar al pueblo indígena ogiek de su tierra ancestral de la selva Mau. Dicha sentencia ordenaba al gobierno adoptar todas las medidas adecuadas para reparar las violaciones y estipulaba que las reparaciones serían objeto de otra decisión por separado.

La autoridad sobre normas publicitarias del Reino Unido (ASA) concluyó que las reivindicaciones de la aerolínea respecto de que los clientes que elegían Ryanair en lugar de otra aerolínea reducían las emisiones de dióxido de carbono eran engañosas y violaban el código de publicidad no audiovisual del Reino Unido. ASA sostuvo que los consumidores tenían información insuficiente en la publicidad para respaldar las reivindicaciones de la empresa, y señaló también que los competidores más conocidos no eran tenidos en cuenta en el cálculo que empleaba Ryanair. 

En el año 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (en adelante, “la Comisión”) publicó los resultados de una investigación que duró siete años sobre los efectos del cambio climático sobre las Filipinas y la obligación de los Estados y los actores del sector privado de abordar “la creciente frecuencia y gravedad de los desastres naturales”.

Asghar Leghari, agricultor y abogado, demandó al gobierno de Pakistán por su inacción frente al cambio climático, denunciando que tal falta de acción, “retraso y falta de seriedad” violaban los derechos fundamentales a la vida previstos por la Constitución, dado que el cambio climático representaba una amenaza seria para la seguridad del agua, la alimentación y la energía de Pakistán. Además, Leghari argumentó que los “efectos del cambio climático se pueden abordar mediante medidas de mitigación y adaptación”. 

Luisa Neubauer, junto con otros nueve jóvenes activistas del clima, demandaron al gobierno federal alemán por su omisión de aprobar legislación nacional sobre el clima adecuada. Los actores argumentaron que la actual legislación sobre el clima (la Ley Federal sobre el Cambio Climático de 2019 o Bundes-Klimaschutzgesetz, en adelante, Ley KSG) no solo viola las responsabilidades de Alemania bajo el Acuerdo de París, sino que, también, viola sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Alemania. 

Cuatro partidos políticos (el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista de Brasil (PSB) y la Red de Sustentabilidad (Rede)) demandaron al gobierno de Brasil por violaciones de sus obligaciones constitucionales e internacionales referidas a la protección ambiental. Los actores denunciaron específicamente que el gobierno de Jair Bolsonaro no había asignado y desembolsado fondos del Fondo para el Clima en 2019. 

Se trata de una demanda colectiva presentada por Milieudefensie, Greenpeace NL, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both ENDS y Young Friends of the Earth NL contra Royal Dutch Shell en el tribunal de distrito de La Haya. Los actores solicitaron una orden de que RDS (la empresa matriz de Shell) reduzca sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en un 45 % para 2030, comparando con niveles de 2019, y a cero para 2050, de acuerdo con el Acuerdo de París. 

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP.