Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Martinez-Cuevas y Aguilar presentaron una demanda colectiva contra su empleador, DeRuyter Bros. Dairy Co., solicitando en parte una sentencia que declarara inconstitucional la norma RCW 49.46.130(2)(g) de la Ley de Salario Mínimo de Washington (Ley MWA). Los trabajadores denunciaron que DeRuyter Brother’s Dairy Company incumplía las normas del salario mínimo, negaba recreos adecuados o tiempo para comidas, y no compensaba el trabajo realizado antes y después de muchos de los turnos de los empleados.

Diez peticionarios, en nombre de otros 326 residentes de los asentamientos City Cotton y Upendo, denunciaron que los demandados (1ro: Moi Education Centre Co. LTD, 2do: el inspector general de la policía, 3ro: el secretario de gabinete responsable de la tierra, la vivienda y el desarrollo urbano, y 4to: el procurador general) habían violado el derecho de los peticionarios a la vivienda garantizado por el artículo 43 de la Constitución de Kenia.

Y.I., madre de tres menores, fue arrestada el 8 de octubre de 2013 bajo sospecha de tráfico de estupefacientes. Había consumido opiáceos durante seis años desde 2004, y en el momento de su detención había vuelto a comenzar a tomar drogas desde hacía poco tiempo y había permitido que otras personas consuman drogas en su hogar. Un oficial de policía de asuntos de menores también presentó múltiples informes, afirmando que Y.I. había descuidado sus responsabilidades parentales.

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria.

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

En septiembre de 2011, 3000 familias fueron desalojadas de las tierras aledañas al aeropuerto Wilson habiendo recibido solo 7 días de preaviso. Sus hogares fueron destruidos. La autoridad responsable de los departamentos del país, Kenya Airports Authority, era propietaria del terreno lindero con el aeropuerto, pero las familias residentes en Mitumba Village habían ocupado el lugar desde hacía ya cierto tiempo.

En el momento de su muerte, Maria Mahlangu trabajaba como empleada doméstica en un domicilio particular de Sudáfrica. La hija y la nieta de Mahlangu dependían económicamente de ella en el momento de su fallecimiento. La hija de Mahlangu solicitó ayuda ante el Ministerio de Trabajo mediante compensación con arreglo a la Ley de compensación por lesiones y enfermedades laborales (COIDA) o beneficios del seguro de desempleo.