Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

La reclamación fue iniciada contra GVL en octubre de 2012 ante la RSPO. La primera decisión del Panel de Reclamaciones sobre el caso es del 13 de diciembre de 2012 y sostuvo que las reclamaciones tenían mérito, emitiendo una orden de suspensión contra GVL. A partir de 2013, GVL debía presentar informes trimestrales sobre sus actividades en Liberia, incluyendo sus esfuerzos para mejorar sus operaciones y cumplir con decisiones posteriores de la RSPO.

En agosto de 2008, la Organización Nacional de Control del SIDA (NACO) del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India redactó un “Memorando interno” en respuesta a un litigio de interés público (LIP), en el que la Corte Suprema revisó las medidas adoptadas por la NACO para combatir el VIH/SIDA y los servicios que se prestan a los pacientes. La Corte Suprema había emitido directivas, incluidas las destinadas a mejorar la suficiencia de los centros que distribuyen la terapia antirretroviral (TARV) de segunda línea.

Este caso de tutela se refiere al requisito de que el Estado brindase servicios de salud a un grupo de niños que vivían en una zona empobrecida de Bogotá. Cuatrocientas dieciocho familias interpusieron esta acción contra el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para pedir vacunas gratuitas contra dos cepas de meningitis bacteriana. Los demandantes argumentaron su caso en virtud del artículo 44 de la Constitución colombiana, que garantiza ciertas libertades y protecciones a los niños, y en virtud de varios tratados a los que se suscribió Colombia.

El demandante presentó una acción de tutela contra las Empresas Públicas de Cartagena alegando que pusieron en funcionamiento un sistema de alcantarillado inconcluso, produciendo el desbordamiento de aguas negras y condiciones insalubres en dos vecindarios. La denuncia alegaba una violación del artículo 88 de la Constitución Colombiana que protege el derecho a la salud pública y solicitó medidas cautelares para evitar daños irreparables, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2591.

Corte Suprema de los Países Bajos ordena al Estado reducir los gases de efecto invernadero por lo menos un 25 % hasta 2020, comparando con niveles de 1990

El autor en este caso es el Ministerio de Economía y Política del Clima del Estado de Países Bajos (el Estado), el cual apeló en casación la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor de Stichting Urgenda (Urgenda), una organización que trabaja para combatir el cambio climático.

En 2005, Alemania inició la cuarta fase de un plan destinado a reducir el costo del sistema de bienestar social del país, una iniciativa que lleva el nombre de su principal arquitecto, el director de personal de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV fusionó los beneficios de desempleo y bienestar, fijando el beneficio estándar para personas solteras que residen en los estados de la antigua Alemania Occidental (incluyendo Berlín Oriental) en 345 euros al mes. Este monto fue determinado sobre la base de un estudio estadístico de los ingresos y gastos de los grupos de menores ingresos.

El autor en este caso es un hombre cuyos beneficios por desempleo fueron reducidos, en primer lugar, un 30% y, luego, un 60%, cuando rechazó a un empleador que le habían propuesto y no aceptó una capacitación y un puesto de prueba en otra función. El hombre objetó sin éxito las reducciones y presentó una demanda ante el Tribunal Social. Antes de emitir una decisión, el Tribunal Social suspendió el procedimiento para obtener la revisión judicial de la Corte Constitucional Federal (FCC) respecto de si el sistema de sanciones en cuestión cumple con la Ley Fundamental.

Alto Tribunal de Uganda encuentra discrepancias en la calidad entre las escuelas públicas, concertadas y las que funcionan con asociaciones público-privadas, lo que supone una violación de los derechos a la educación y a la igualdad

Después de la introducción del programa de Educación Secundaria Universal (USE, por sus siglas en inglés) en 2007 por parte del Gobierno de Uganda, el programa se implementó posteriormente en escuelas públicas, escuelas subvencionadas por el gobierno, escuelas privadas con fines de lucro de Asociaciones Público-Privadas (APP) y escuelas privadas sin fines de lucro de APP. El Gobierno pagó UGX 47.000 por estudiante para aquellos matriculados en las escuelas APP, a diferencia de UGX 230.000 por estudiante matriculado en las escuelas públicas y subvencionadas por el gobierno.

Yolanda Daniels es una trabajadora doméstica y cabeza de familia que vivió durante 16 años en una vivienda rural. Comenzó a vivir allí cuando su ex marido era empleado del dueño. Después de divorciarse, permaneció con sus tres hijos en la vivienda con el consentimiento del dueño.