Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las partes en este juicio de divorcio eran el Sr. Chen y la Sra. Wang, quienes se casaron en 2015 y se separaron en 2018. La pareja tiene un hijo. El Sr. Chen presentó demanda de divorcio en octubre de 2020, solicitando que el tribunal declare el divorcio y divida los bienes.

Fátima El Ayoubi y Mohamed El Azouan Azouz (los autores) presentaron esta comunicación al Comité en su propio nombre y el de su hijo pequeño, Haron El Azouan El Ayoubi, alegando que España había violado su derecho a una vivienda adecuada en virtud del artículo 11.1 del PIDESC al solicitar y mantener su desalojo cuando no disponían de alojamiento alternativo.

En 2010, las embarazadas Millicent Awuor Omuya y Margaret Anyoso Oliele planeaban dar a luz a sus hijos en clínicas con precios de maternidad asequibles. Sin embargo, debido a posibles complicaciones, ambas fueron derivadas al Hospital de Maternidad de Pumwani, el mayor hospital de derivaciones maternales de África Oriental. En el caso de Awuor, aunque las complicaciones no se presentaron, igual le cobraron 3.600 chelines kenianos (Ksh); ella buscó la asistencia de un trabajador social del hospital y de la matrona del hospital por el problema del precio.

Poco después de un escape de gas de óleum ocurrido en una planta de propiedad de Shriram Foods and Fertilizer Industries (“Shriram”), un juez de distrito ordenó a la empresa cesar temporalmente las operaciones de una planta de cloro emplazada en un terreno de 31 hectáreas de la empresa ubicado en un área densamente poblada por unas 200.000 personas en Delhi. El autor, M.C.

Manuela, una mujer de 33 años madre de dos hijos que vivía en situación de pobreza en El Salvador, fue acusada de homicidio agravado después de una emergencia obstétrica que le causó la pérdida de un embarazo. Cuando el padre de Manuela la llevó al hospital para que la atiendan por la emergencia médica, el personal del hospital la interrogó durante tres horas, lo que retrasó su tratamiento.

El 26 de mayo de 2017, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Corte) emitió la sentencia histórica de que el gobierno de Kenia (el Estado) había violado siete artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Carta) al desalojar al pueblo indígena ogiek de su tierra ancestral de la selva Mau. Dicha sentencia ordenaba al gobierno adoptar todas las medidas adecuadas para reparar las violaciones y estipulaba que las reparaciones serían objeto de otra decisión por separado.

La autoridad sobre normas publicitarias del Reino Unido (ASA) concluyó que las reivindicaciones de la aerolínea respecto de que los clientes que elegían Ryanair en lugar de otra aerolínea reducían las emisiones de dióxido de carbono eran engañosas y violaban el código de publicidad no audiovisual del Reino Unido. ASA sostuvo que los consumidores tenían información insuficiente en la publicidad para respaldar las reivindicaciones de la empresa, y señaló también que los competidores más conocidos no eran tenidos en cuenta en el cálculo que empleaba Ryanair. 

En el año 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (en adelante, “la Comisión”) publicó los resultados de una investigación que duró siete años sobre los efectos del cambio climático sobre las Filipinas y la obligación de los Estados y los actores del sector privado de abordar “la creciente frecuencia y gravedad de los desastres naturales”.

Asghar Leghari, agricultor y abogado, demandó al gobierno de Pakistán por su inacción frente al cambio climático, denunciando que tal falta de acción, “retraso y falta de seriedad” violaban los derechos fundamentales a la vida previstos por la Constitución, dado que el cambio climático representaba una amenaza seria para la seguridad del agua, la alimentación y la energía de Pakistán. Además, Leghari argumentó que los “efectos del cambio climático se pueden abordar mediante medidas de mitigación y adaptación”. 

Luisa Neubauer, junto con otros nueve jóvenes activistas del clima, demandaron al gobierno federal alemán por su omisión de aprobar legislación nacional sobre el clima adecuada. Los actores argumentaron que la actual legislación sobre el clima (la Ley Federal sobre el Cambio Climático de 2019 o Bundes-Klimaschutzgesetz, en adelante, Ley KSG) no solo viola las responsabilidades de Alemania bajo el Acuerdo de París, sino que, también, viola sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Alemania.