Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

El peticionante, Hernando De Jesus Blanco Angarita, de 69 años de edad, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional después de que el Primer Juzgado Civil Municipal de Bogotá resolviera que el Fondo Nacional de Seguridad Social no había violado sus derechos constitucionales al retrasar la transferencia de la pensión de su cónyuge fallecida. La Corte Constitucional rechazó la decisión de dicho Juzgado y sostuvo que se habían violado derechos reconocidos en la Constitución de Colombia y en el derecho internacional.

Los solicitantes de la comunidad de Lesetlheng presentaron este caso ante el Tribunal Constitucional de Sudáfrica en apelación de una orden del Tribunal Superior por la que se les expulsaba de su granja. La comunidad de Lesetlheng es un subconjunto de la comunidad de Bakgatla-Ba-Kgafela. Los antepasados de las comunidades de Lesetlheng compraron la granja en cuestión en 1919, pero debido a las leyes racialmente discriminatorias de la época, la propiedad de la granja no pudo transferirse a la comunidad de Lesetlheng.

En ocasión de la fundación de organizaciones internacionales como la IFC, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional a fines de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley de Inmunidad de las Organizaciones Internacionales de 1945, la cual garantizaba a dichas organizaciones la "misma inmunidad frente a demandas... que la gozan los gobiernos extranjeros”, aunque las organizaciones podían limitar o ampliar la inmunidad en sus actas constitutivas.

Este caso se refiere a las obligaciones del municipio de Ratlam para con su pueblo establecidas en la Sección 123 de la Ley de Municipios M. P. de 1961. Estas obligaciones incluyen la concesión de instalaciones sanitarias y la prevención de la contaminación de las calles causada por una planta de alcohol cercana. Los residentes del municipio de Ratlam, frustrados por la falta de instalaciones sanitarias y por la contaminación de las calles, interpusieron una demanda contra el municipio en virtud de la Sección 133 del Código de Procedimiento Penal por delito de perjuicio público.