Derecho al trabajo

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

El Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga de un grupo de trabajadores de Las Empresas Varias de Medellín (EVM) en base a que el ejercicio de ese derecho se hallaba prohibido en los servicios públicos. Como consecuencia, 209 trabajadores fueron despedidos. Luego del rechazo de sus reclamos en el ámbito interno, los trabajadores despedidos interpusieron una queja ante el Consejo de Administración (CA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitando el amparo de su derecho al trabajo y a la libertad sindical.

Gran cantidad de residentes de basties (asentamientos informales) de la ciudad de Dhaka fueron desalojados sin aviso previo y sus viviendas fueron demolidas con topadoras. Dos residentes y tres ciudadanos presentaron un reclamo cuestionando las demoliciones en nombre del interés público. La Corte Suprema sostuvo que los habitantes tenían ciertos derechos a una vivienda y a una audiencia justa, y emitió recomendaciones para su reasentamiento.