Derecho al trabajo

Solapas principales

International Commission of Jurists (ICJ) denunció que gran cantidad de niños de Portugal (según se estimó, 200.000 niños) trabajaban en malas condiciones que afectaban su salud y que Portugal violaba el artículo 7(1) de la Carta Social Europea (CSE) al no supervisar correctamente el trabajo de menores. El gobierno cuestionó las estadísticas de IJC, sosteniendo que como máximo trabajaban 27.000 niños y solamente 2.500 eran empleados pagos en contravención de la Carta.

El Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga de un grupo de trabajadores de Las Empresas Varias de Medellín (EVM) en base a que el ejercicio de ese derecho se hallaba prohibido en los servicios públicos. Como consecuencia, 209 trabajadores fueron despedidos. Luego del rechazo de sus reclamos en el ámbito interno, los trabajadores despedidos interpusieron una queja ante el Consejo de Administración (CA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitando el amparo de su derecho al trabajo y a la libertad sindical.

En 1994, se aprobó la Agriculture Labour Relations Act (ALRA, Ley de Relaciones Laborales del Sector de la Agricultura) para incluir a los trabajadores del sector en el régimen de relaciones laborales de la provincia de Ontario. Un año después, el flamante gobierno conservador anuló la ALRA.

Gran cantidad de residentes de basties (asentamientos informales) de la ciudad de Dhaka fueron desalojados sin aviso previo y sus viviendas fueron demolidas con topadoras. Dos residentes y tres ciudadanos presentaron un reclamo cuestionando las demoliciones en nombre del interés público. La Corte Suprema sostuvo que los habitantes tenían ciertos derechos a una vivienda y a una audiencia justa, y emitió recomendaciones para su reasentamiento.

Provea presentó una acción jurídica a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió la Asamblea Nacional (AN), al no establecer un régimen transitorio que regulara el Régimen Prestacional de Empleo cuando promulgó la Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social. Esta omisión implicaba negar el otorgamiento de la prestación de ayuda a los trabajadores que quedaren cesantes o en situación de desempleo.

El Comité Panameño por los Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Panamá por el despido arbitrario de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en aquellas manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar.

Los demandantes interpusieron acción de tutela contra varias instituciones estatales por no cumplir con su misión de proteger a la población desplazada y por no dar respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda, acceso a proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria.