Equality and Non-discrimination

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Caselaw

La legislación otorgaba a los receptores de beneficios de seguridad social el derecho a un subsidio en concepto de combustible para el invierno. El subsidio estaba disponible para mujeres de por lo menos 60 años y hombres de por lo menos 65. El Sr. Taylor tenía 62 años y presentó un reclamo aduciendo que la legislación no cumplía con la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación progresiva del principio de la igualdad de hombres y mujeres en cuestiones de seguridad social.

Los peticionantes denunciaron, entre otras cosas, que el régimen legal de Gambia aplicable a enfermos mentales violaba el derecho a gozar del mejor estado de salud física y mental alcanzable (artículo 16) y el derecho de los discapacitados a medidas especiales de protección de acuerdo con sus necesidades físicas y morales (artículo 18(4)). Ambos derechos están garantizados por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), on behalf of the General Secretary of Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud [National Union of Health Ministry Workers] and the workers represented by the union, filed a report with the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) against the State of Ecuador.

The Chilean Health Ministry issued a decree ordering free medical treatment and tests for all sexually transmitted diseases, including the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). However, the decree was not complied with in the case of HIV. Given this situation, the organization Vivo Positivo, sponsored by Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales, filed three amparo actions requesting the East Metropolitan Health Service and the Health Ministry to comply with the decree.

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado.

El caso se refirió a una resolución adoptada por el consejo municipal de Dobšiná, bajo presión de grupos de derecha opuestos a los gitanos,  que cancelaba una resolución previa en la que se había aprobado un plan para construir viviendas sociales de bajo costo para los residentes gitanos que vivían en muy malas condiciones.

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

La Constitución de Texas establece que “la difusión general del conocimiento” es “esencial para la preservación de las libertades y los derechos del pueblo”. Asimismo, la Legislatura y el Estado tienen la obligación de “establecer y realizar las previsiones adecuadas para financiar y mantener un sistema eficiente de escuelas gratuitas” (Artículo VII, pár. 1).

Between December 27, 1995 and September 30, 1999, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) received numerous petitions filed by retired persons and several non-governmental organizations.  The petitions claimed violations of the rights to effective judicial remedy, due legal process, property, social security, health, well-being and equal protection, which are enshrined in the American Declaration on the Rights and Duties of Man (ADRDM) and in the American Convention on Human Rights (ACHR).

La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales).