Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El caso fue iniciado en 2008, cuando Inclusive Communities Project (ICP), un grupo sin fines de lucro, demandó al Texas Department of Housing and Community Affairs (TDHCA, la autoridad de vivienda y asuntos comunitarios del estado de Texas) por un programa de créditos fiscales federales empleado por los gobiernos estatales y locales para construir viviendas económicas.

Este caso aborda la dramática situación de hasta 100.000 niños (conocidos como talibés), que, mientras asisten a las escuelas coránicas (daaras) en Senegal, son forzados por algunos maestros a practicar la mendicidad en la calle para procurar su propia supervivencia y enriquecer a sus profesores. Los menores viven lejos de sus familias, a menudo en condiciones deplorables, y son sometidos a brutales agresiones físicas, desnutrición, enfermedades, abusos sexuales y otros malos tratos. La mendicidad forzada les impide el acceso a una educación adecuada.

El 5 de mayo de 2011, Irene Nanteza llegó al hospital de Nakaseke acompañada de su marido. A pesar de que una enfermera confirmó indicios de que el trabajo de parto estaba obstruido y llamó al médico de guardia, este último no llegó hasta que Nanteza ya había cumplido unas 8 horas de trabajo de parto. La paciente falleció por una hemorragia y ruptura del útero.

En 1991, las Filipinas delegaron la responsabilidad por “la salud y seguridad del pueblo” al nivel local. En ejercicio de estas facultades, en el año 2000 en Manila se pronunció el decreto 003 (“D 003”), en el cual se declaró que la ciudad adoptaría “una posición afirmativa respecto de los temas pro-vida”.

Un ciudadano afgano (el Sr. M.S.S.) presentó una solicitud de asilo en Bélgica tras ingresar a la UE a través de Grecia. Conforme al Reglamento de Dublín (legislación de la UE que determina qué país es responsable de procesar solicitudes de asilo específicas), Bélgica lo trasladó nuevamente a Grecia para que Grecia procesara la solicitud de asilo. Grecia detuvo al solicitante bajo condiciones degradantes y luego lo liberó dentro del país para que espere hasta que se resuelva su solicitud. Durante este periodo, el Sr. M.S.S.

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización miembro de la Red DESC, promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objeto de la acción fue lograr que se ordenara al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial, al estar afectados el derecho a la educación y a la igualdad, y el principio de autonomía personal.

Patricia Mansilla Martínez, diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 56, 58, 245, 250, 254, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 315 y 327 del Código Penal por ser discriminatorios contra la mujer. La Corte no consideró la constitucionalidad de los artículos 254, 315 o 317, debido a que ya no están vigentes. 

Tres mujeres de ese país infectadas con el VIH demandaron al gobierno, denunciando que habían sido esterilizadas en hospitales públicos sin su consentimiento tras dar a luz por cesárea. Las mujeres argumentaron que cualquier supuesto consentimiento para los procedimientos había sido obtenido por la fuerza, dado que fueron engañadas sobre el formulario de autorización que firmaron, no entendían el idioma en el que se explicó el procedimiento y los médicos les habían dicho que solo podían acceder a la cesárea si también eran esterilizadas.

Liliane Gröninger presentó esta Comunicación ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nombre propio, el de su marido y su hijo, Erhard Gröninger, quien tiene discapacidades.

El 20 de diciembre de 2012, tres pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) promovieron demanda de amparo indirecto 1669/2012 en contra de varias autoridades responsables, de entre las que destacan, el Comité Nacional de Protección Social en Salud, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y el INER, por la omisión atribuible a las autoridades responsables de tomar todas las medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo el derecho al más alto nivel posible de salud de l