Base de Datos de Jurisprudencia - Todos los casos

Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC: una base de datos sobre decisiones regionales, nacionales e internacionales relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.

La International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) presentó una petición ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados parte de la Carta Social Europea) denunciando que Francia había violado el derecho a la asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea (revisada)) al cancelar la exención de los inmigrantes ilegales de muy bajos ingresos de pagar el tratamiento médico y hospitalario.

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.

Este caso se refiere al conflicto entre el derecho constitucional a una vivienda adecuada y el derecho de un propietario a explotar la propiedad privada. Ochenta y seis personas pobres estaban ocupando ilegalmente como vivienda instalaciones industriales abandonadas. El propietario de las instalaciones (Blue Moonlight) presentó una demanda para desalojar a los ocupantes a fin de explotar la propiedad, lo que casi con seguridad los dejaría sin techo.

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.

El Alto Tribunal emitió una orden que permitía el desalojo de 50 familias que ocupaban ilegalmente tierras privadas y requería a la municipalidad proporcionar a los ocupantes tierras alternativas. Sin embargo, bajo esta orden el desalojo podía iniciarse aunque la municipalidad todavía no hubiera proporcionado las tierras alternativas a los ocupantes, en cuyo caso quedarían sin techo.