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La iniciativa busca incorporar la voz de las Naciones Unidas en la disputa judicial sobre el financiamiento público universitario, una medida inusual en un litigio de carácter nacional.

Más de 35 Estados participaron en las últimas consultas celebradas en Ginebra, donde gobiernos y sociedad civil debatieron el futuro del proceso del tratado de la ONU, la rendición de cuentas empresarial, las protecciones ambientales y la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia.